Los crímenes en la pesca representan un peligro para los ecosistemas y el equilibrio económico y social de los pescadores

Ante un reciente artículo publicado en la revista Nature que revela el impacto del crimen organizado en la pesca y en la conservación de especies marinas, SEO/BirdLife pide responsabilidad, legalidad y transparencia en la captura de las especies

Los crímenes en el ámbito de la pesca se producen desde hace décadas en diferentes partes del planeta por grupos organizados especialmente peligrosos que implican desde la destrucción de ecosistemas hasta el fraude, el tráfico de drogas y la esclavitud de personas. Un artículo publicado recientemente en la prestigiosa revista Nature por parte de investigadores de universidades de Sudáfrica, Ghana, Indonesia, Dinamarca y México, entre otras, hace una recapitulación de los crímenes organizados en el mar, identifica algunos casos muy graves, muestra el perjuicio que generan desde el punto de vista ambiental y socioeconómico, y ofrece pautas para que se resuelvan estos crímenes de forma más eficaz en el futuro.

Uno de los ejemplos que ilustra este artículo es el caso Vikingo, en el que la armada indonesia interceptó en 2016 el buque pesquero con ese nombre en sus aguas, que capturó y vendió bacalao de profundidad de forma ilegal durante más de una década en el océano Antártico, y en el cual estuvo implicado una persona de nacionalidad española. Indonesia les condenó a pena de prisión de seis años por la falsificación de documentos. Asimismo, como las redes de enmalle que emplearon superaban las medidas establecidas legalmente, fueron condenados por esto a una pena de prisión de cinco años y una sanción económica de unos 150.000 dólares.

Amenaza para la paz y seguridad mundial
Este tipo de delitos es una de las principales preocupaciones de organizaciones internacionales, por constituir una amenaza para la paz y seguridad mundial. Tanto es así que, en 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a todos los estados su implicación para estudiar el vínculo entre la pesca ilegal y el crimen organizado en el mar. Además, en 2018 se produjo la Declaración Ministerial sobre la delincuencia organizada transnacional en la industria pesquera mundial (Declaración de Copenhague) que actualmente respaldan 28 estados, la cual marca un rumbo hacia el compromiso global para combatir el crimen organizado de pesca que ayude a fomentar una economía oceánica sostenible.

Muchos de estos delitos traspasan las fronteras de los estados, y se producen en alta mar, donde habitualmente no existe una regulación específica ni vigilancia, lo que complica enormemente su investigación.

Este tipo de delitos no son casos aislados, sino más bien poco conocidos y difícilmente detectables por la gran complejidad que comprenden. Entre los numerosos problemas que implican, se encuentran:

Pesca ilegal
Los impactos ambientales que produce la pesca Ilegal a gran escala están bien documentados, e incluyen no solo daños severos al estado de poblaciones comerciales, sino también prácticas destructivas que socavan los ecosistemas marinos, a causa de, por ejemplo, derrames de aceites o químicos durante el ataque a otros buques.

Según un estudio de 2020 liderado por el prestigioso investigador Rashid Sumalia, se estimaron que las capturas de pescado comercializadas ilegalmente suponen entre 7,7 y 14 millones de toneladas cada año (el 85% provenientes de Asia, África y América del Sur), cifra que cobra especial relevancia sabiendo el estado desfavorable que presentan los recursos pesqueros a nivel global, que, según la FAO, declara que un tercio de las poblaciones mundiales están sobreexplotadas.

Pero también genera un impacto notable en la biodiversidad y en el conjunto del ecosistema marino. Por ejemplo, la pesca con dinamita puede destruir valiosos hábitats como arrecifes de coral, que son el refugio de cría y alimentación de numerosas especies. Por otro lado, el uso de redes de enmalle ilegales ha llevado a la vaquita marina (víctima de captura incidental) al borde de la extinción, un problema compartido por otras especies como por ejemplo las aves marinas.

Impacto económico
Según el mencionado estudio de Sumalia, dichas capturas ilegales alcanzan un valor de entre 9.000 y 17.000 millones de dólares anuales, que son invertidos en mercados ilegítimos y que perjudica gravemente a todos los pescadores que sí pescan con criterios de responsabilidad. De hecho, otro estudio del 2017 demuestra que la sobreexplotación de la langosta de roca de la costa oeste ha llevado a que miles de pescadores de subsistencia no tuvieran suficientes cuotas, y, en consecuencia, algunos hayan desarrollado actividades ilegales para aumentar su fuente de ingresos.

Otros delitos: fraude, delitos fiscales, corrupción y tráfico de drogas
En este tipo de delitos suele ser frecuente la falsificación de documentos y la evasión de impuestos. Este tipo de crimen organizado es especialmente corrupto, donde los sobornos para reducir las sanciones o ignorar la captura ilegal de pescado están a la orden del día. Asimismo, los buques pesqueros son medios de transporte ideales para el tráfico de drogas, dada su alta presencia en el mar, falta de vigilancia y su facilidad para transbordar y acceder a pequeños puertos.

En Nigeria, por ejemplo, un artículo de 2020 liderado por Ife Okafor-Yarwood revela que los pescadores costeros tienen miedo de salir al mar por los ataques violentos de los barcos piratas ilegales que participan en robos a mano armada en el mar y contrabando de petróleo, lo que conlleva a que las mujeres encargadas de su posterior venta, al carecer de suficientes productos, se ven obligadas a ejercer la prostitución para llegar a fin de mes.

El trabajo de SEO/BirdLife contra la pesca ilegal
SEO/BirdLife intenta desde hace años, dentro de su Programa Marino, poner solución a las actuaciones ilegales que afectan a los ecosistemas y a las aves marinas. Destaca su labor tratando de minimizar las capturas accidentales que afectan a especies sensibles, en especial, a la pardela balear, única ave marina endémica de España que se encuentra en peligro de extinción. Esto lo hace gracias al programa Pleamar de la Fundación Biodiversidad, en la que actualmente con su proyecto Zepamar se pretende poner a punto medidas de mitigación junto con pescadores artesanales para minimizar estos fatídicos incidentes. También se trata de abordar este problema desde un punto de vista político (con su proyecto Aves y Gobernanza Pesquera, financiado por la Fundación MAVA), donde se busca un mayor compromiso en la adopción de acciones consensuadas por todas las partes implicadas.

Por otra parte, el proyecto Life Guardianes de la Naturaleza contra el Crimen Ambiental, financiado por el programa Life de la Unión Europea, pretende mejorar la efectividad y la eficacia de las acciones dirigidas a combatir los delitos ambientales.

¿Qué podemos hacer para acabar con esta amenaza?
La complejidad que presenta el crimen organizado en pesca exige llevar a cabo medidas estrictas, tal y como especifica el artículo:

– Mayor comprensión transnacional en la identificación de zonas conflictivas y de las herramientas legales adecuadas para acabar con estos delitos.

-Endurecimiento del régimen sancionador de las leyes. Solo con medidas administrativas no se conseguirá disuadir este tipo de operaciones, ya que estas tramas consideran estas sanciones como parte de su negocio. Muchos países castigan este tipo de delitos con sanciones penales, como Noruega, que pueden suponer una pena de prisión de hasta seis años, además del decomiso de bienes.

-Cooperación regional y global en la investigación y resolución de este tipo de crímenes que se producen en diferentes partes del planeta e implicación política.

-Capacitación a las autoridades en la mejora de habilidades que permita investigar con mayor eficacia el estudio financiero de las actividades delictivas en la pesca, así como el intercambio de información y sensibilización.

El crimen organizado en el sector pesquero pone en riesgo las bases para alcanzar una economía oceánica sostenible, debido a las importantes consecuencias sociales, económicas y ambientales que dejan a su paso, incluidas las implicaciones en la seguridad mundial. Además, dificulta el logro de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) -marcados por Naciones Unidas- que deben cumplir los estados para el 2030, entre los cuales destacan el ODS 14 sobre la vida submarina, el ODS 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas, el ODS 2 de hambre cero, y el ODS 12 sobre producción y consumo responsables.

Para Beatriz Barajas, técnica del Programa Marino de SEO/BirdLife, “todos podemos aportar exigiendo responsabilidad, legalidad y transparencia en la captura de las especies que consumimos. La presión social junto con la voluntad política serán claves para hacer frente a estos crímenes ambientales que producen no solo un grave declive en los ecosistemas, sino también un serio problema para los derechos humanos y la paz mundial”.